A partir del próximo 25 de mayo, el nuevo reglamento cambiará de forma sustancial los criterios de protección de los datos de los ciudadanos europeos.

Por primera vez, se establecen en la UE normas comunes sobre el derecho de las personas a saber quién, cómo y por qué se están utilizando o almacenando sus datos y fija criterios sobre los casos en los que se puede exigir borrar o transferir esos datos, suspender su tratamiento o rectificarlos si son incorrectos. Los Estados miembros tienen que adecuarse y también el sector público y las empresas españolas tienen mucho trabajo por delante para conformarse a la nueva normativa. Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advierte de que no será fácil para todos. «De los ámbitos de la administración pública, seguramente los pequeños municipios sean quienes lo van a pasar peor», ha afirmado este martes. Las multas se elevarán hasta 20 millones de euros.

La directora de la AEPD recuerda que de los más de 8.000 municipios españoles, un porcentaje altísimo tiene menos de 20.000 habitantes y asegura que, en cuanto a aplicación del nuevo reglamento, le «preocupa mucho». España afirma que se está trabajando con las entidades locales para que se adapten. Hace dos semanas la AEPD publicó una guía para ayuntamientos y diputaciones provinciales, responsables de muchos datos de los ciudadanos, por ejemplo los que se manejan a través del padrón municipal, la gestión de los impuestos, las ayudas y subvenciones o el registro de documentos. También están previstos talleres en formato vídeo.

Una de las obligaciones que impone el nuevo reglamento europeo a los 20.000 organismos públicos del país es contratar a un delegado de protección de datos, explica la directora de la AEPD. Esta nueva figura tiene que ser un experto en privacidad que asesore a los responsables del tratamiento de los datos sobre su uso. «Sería absurdo que los pequeños municipios que ni tienen un secretario propio tuvieran un delegado, estamos trabajando para que sean las diputaciones provinciales las que lo tengan», asegura España.